Combatir las becas fraudulentas es combatir el 3+2

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Una de las enseñanzas del movimiento estudiantil contra el plan Bolonia fue precisamente el entender el conjunto de transformaciones de la enseñanza universitaria como un proceso. El plan Bolonia no fue una ley que se aprobara en un momento aislado, sino que continuaba el proyecto de la LOU y vendría seguido de la Estrategia Universidad 2015, de medidas concretas como los Campus de Excelencia que servían para asociar la financiación pública y privada de las universidades al rendimiento mercantil de la investigación, las subidas de tasas -que en la Comunidad de Madrid se multiplicaron por dos en tres años-, la reducción de las becas por renta -”compensadas” a veces por programas de corte elitista y meritocrático como las becas de excelencia-, la introducción por parte de los bancos de las becas préstamo y la precarización generalizada del personal docente e investigador y el personal de administración y servicios.

En su conjunto, se trata de una serie de transformaciones profundas que se llevan dando durante los últimos treinta años a nivel mundial (Para una comprensión global de la mercantilización de la universidad y sus resistencias, se recomienda la lectura de Universidad en conflicto, Edu Factory, Traficantes de Sueños (2010)) y que van encaminadas a expulsar a los estratos más humildes de la sociedad de la universidad -no sin incluir mecanismos meritocráticos para los menos que garanticen el recambio de élites-. Este proceso responde a la masificación de la universidad, que llegó a su punto álgido en los años 70, y ya no es productiva para el modelo capitalista actual. El encarecimiento generalizado de los estudios, la diferenciación entre universidades de primera y de segunda a nivel internacional y nacional, la adaptación de los planes de estudio a la estructura del mercado postfordista con el consiguiente abandono de las ramas humanísticas y la entrada del capital privado en la financiación y la gobernanza de las universidades son algunos de los rasgos más notables de este proceso que tiene por último capítulo en nuestro país el decreto por el que se aprueba el 3+2.

Y bien, el 3+2 abre la posibilidad, que en última instancia deberán decidir los respectivos órganos de gobierno de cada universidad, de convertir los planes de estudio actuales que por lo general incluyen 4 años de grado y otro año de máster, en tres años de grado y dos de máster. El primer problema es el precio: por lo general, en el sistema de instrucción público, los precios de un crédito de máster duplican o triplican los precios del grado, que para las ramas con menor experimentabilidad y, por tanto, menor coste, se elevan a 1.500 euros al año. El segundo problema es la consiguiente devaluación del primer ciclo de estudios superiores, que en línea con lo ya introducido por el Plan Bolonia, irán dirigidos a generar una serie de saberes procedimentales y, lo que es más importante, mecanismos de disciplinamiento sobre las vidas de las estudiantes.

En la economía fordista la universidad funcionaba en compartimentos claramente diferenciados, momentos de lecciones magistrales, reclusión en el estudio y exámenes, del mismo modo que la vida del trabajador se dividía en el tiempo de ocio, tiempo de descanso y tiempo de trabajo. Analogamente en la universidad postfordista se difumina la diferencia entre ocio, socialización, clases, estudio, producción cognitiva y evaluación. La estudiante que haya temido entrar en Facebook o mirar su whatsapp por saber que está inscrita en varios grupos de trabajo entiende de qué hablamos aquí. En la universidad de hoy, la asistencia es obligatoria, los encargos de pequeñas tareas son permanentes y la evaluación es continua. Muchos de los trabajos, que en algunos casos alcanzan o superan el 50% de la evaluación, son conjuntos, de modo que la universidad prefigura un mundo del trabajo donde pequeños grupos cooperan y compiten entre sí en la obtención, manipulación y recombinación de información codificada. Y esto no es porque los gestores de la universidad crean que es la mejor manera de amargarnos la vida, sino porque el trabajo funciona así, y la universidad es una institución que disciplina de acuerdo con las formas de trabajo.

Entonces avanzamos hacia un escenario en el que el grado se devalúa nuevamente y el acceso a la “verdadera” educación superior se restringe a través del incremento de su precio, sin olvidar que la voluntariedad para los rectorados de diseñar sus planes de estudio en 3+2 o 4+1 años, a pesar del potencial de lucha que implica para las facultades más combativas, potencia el mecanismo perverso de diferenciación y competencia entre universidades. Un escenario en que la formación más especializada -y debemos recalcar que cuando hablamos de especialización estamos hablando, fundamentalmente, de una especialización orientada al mercado– es accesible sólo para unos pocos, que ocuparán los puestos de gestión y dirección de la economía, mientras que el grueso de las egresadas universitarias que se deberá conformar con el grado, que le habilita para ejercer trabajos de baja cualificación, rutinarios y cuya mano de obra será fácilmente intercambiable. En este sentido, creemos necesario matizar que la transformación de la universidad no va encaminada a expulsar a capas de la sociedad -en este caso quienes sólo pueden acceder al grado- del mercado laboral, sino a condenarlas a ocupar determinados puestos de baja cualificación y penosa retribución.

Y bien, esto es funcional a la estructura productiva del país, que descansa sobre un sector servicios de bajo valor añadido donde destaca el turismo, las finanzas o la comunicación en sentido amplio. Simplificando mucho, podemos decir que para ocupar los puestos de “peón” de este sistema productivo, el grado aporta con suficiencia la necesaria cualificación, mientras que el mantener una relativa masificación de la universidad es funcional también para contener las tasas de desempleo (Sigue de actualidad la afirmación de Lyotard cuando en 1979 escribe que la universidad sirve fundamentalmente para dos cosas: contener la tasa de paro y renovar las élites productivas. La condición postmoderna, Cátedra (1979)) y un robusto ejército de reserva que facilite el recambio de la fuerza de trabajo y presione a la baja los derechos laborales. Y por otro lado, los programas de máster son funcionales para formar a los cuadros altos e intermedios que dirigirán el sector servicios o que desempeñarán trabajos más cualificados en investigación, ingenierías, etc.

Si decimos que el proceso de mercantilización de la universidad es funcional a la estructura productiva y viene acompañado de toda una serie de medidas legislativas y no que lo completan y lo complementan, podemos pensar en la becarización de una parte del mercado de trabajo como pieza de este proceso. A saber, las universidades, a través de sus servicios de orientación en el empleo, firman convenios “formativos” con empresas a través de los cuales éstas optan a una bolsa de trabajo que les proporcionará estudiantes en los últimos años de sus estudios dispuestos a desarrollar el trabajo habitual de la empresa con derechos mucho peores a las que implican un contrato laboral. Estas condiciones implican salarios mucho más bajos o inexistentes, no cotizar a la Seguridad Social como lo haría en régimen laboral, no tener derecho a vacaciones ni a sindicarse, y una serie interminable de abusos que son resultado de que en la beca no se reconoce la relación laboral con la empresa.

Las becarias venimos a ocupar esos puestos de peón postfordista, somos fácilmente intercambiables porque desarrollamos trabajos de menor responsabilidad y cualificación -no porque seamos unas inútiles, sino porque la brevedad de nuestros periodos de prácticas nos impiden adquirir la experiencia y formación deseables-; somos fácilmente desechables porque nuestro despido ni siquiera es tal, y nuestra juventud -perpetua- y precariedad nos dificultan extremadamente luchar por mejores condiciones de trabajo. Y ello a pesar de que en este país, sectores enteros como el de los medios de comunicación serían inviables sin nuestro trabajo (No es una exageración: en octubre denunciamos que la Cadena Ser prescindía de entre 60 y 80 becarios en su redacción de Madrid). El sistema universitario actual garantiza este recambio e incita a las estudiantes a aceptar el chantaje de una beca como vía de entrada al mercado laboral, una entrada que jamás llega. La estandarización del saber y el disciplinamiento de las estudiantes enfocado al mundo del trabajo determina que seguirá habiendo quien engrose el ejército de reserva de becarias y mano de obra poco cualificada. La universidad pública tiene un papel cómplice destacado en las peores formas de explotación que se dan hoy por hoy, y por ello llevamos meses señalándolas como culpables y trabajando mano a mano con colectivos universitarios para revertir esta situación.

Por ello, entendemos que combatir la becarización del mercado de trabajo es combatir el 3+2 y el proceso de mercantilización de la universidad. Entendemos que para las estudiantes tumbar la última reforma es una prioridad: lo es para una sociedad que quiere derechos. Pero entendemos también que hay que atacar todas las partes del proceso, y si hay que tumbar las barreras de entrada en forma de tasazos y dualización de la universidad, no es menos importante romper los mecanismos perversos que hacen que, “si te gustó la escuela, te encantará el trabajo”. Es decir, consideramos fundamental garantizar el derecho al estudio, pero no consideramos menos importante contribuir a que lo que venga después no sea el trabajo de mierda sin derechos.

Es por esto que animamos a la comunidad universitaria madrileña a unirse a la campaña No más becas  por trabajo, a atacar a nuestra contraparte allá donde es más débil o dónde más cuentas debería rendir. Entendemos que la universidad debe ser un garante de los derechos de las becarias, y no un cómplice más de su explotación. Y por ello convocamos una reunión el jueves, 19 de febrero, a las 19.00 en el Patio Maravillas, donde perfilaremos los próximos pasos de la campaña conjunta. Os esperamos.

Carlos Rodríguez, activista estudiantil y miembro de la Oficina Precaria